Nayib Bukele es, según algunos sondeos, el segundo presidente más popular en América Latina, solo por detrás de la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum. Su popularidad se debe, en buena medida, en su capacidad para domeñar a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, dos de las más peligrosas entidades criminales del continente.
¿Cómo lo logró? Con una política securitaria de "mano dura", soportada en un estado de excepción que se ha prorrogado numerosas veces y un modelo carcelario estricto hasta el paroxismo, que no ha dejado indiferente a nadie y que no pocos líderes latinoamericanos han elevado al nivel de panacea para reducir la criminalidad que azota a sus países; el mal endémico de la región desde hace décadas.
Una lista no exhaustiva de países que han manifestado interés en adoptar esas estrategias, particularmente las carcelarias, para frenar a la delincuencia organizada abarca a Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y Perú, reporta Insight Crime. Además, candidatos como el ultraderechista brasileño Flávio Bolsonaro, han prometido que, en caso de resultar vencedores, pondrán en marcha el modelo.
Los argumentos a favor
No obstante, sin dejar de reconocer sus éxitos —El Salvador es considerado el país más seguro de América Latina—, el propio Bukele ha admitido que no es un modelo exportable por antonomasia y, en su lugar, apuesta por que los émulos se adapten a las variables condiciones locales.
"Nosotros hemos ofrecido —es decir, cuando nos piden la damos— la asesoría que sea necesaria, con el entendido de que ninguna realidad es igual. A veces dicen: 'El modelo Bukele'". Sí, con gusto. No se llama así, pero con gusto le ponemos el nombre que quieran, pero cada país tiene una realidad distinta. Lo que sí sería importante, pudiera ser, nosotros estamos a la orden de ofrecerlo, es tomar lo que sí aplica de El Salvador y no tomar lo que no aplica", sostuvo el mandatario en una entrevista concedida a TIME aparecida en agosto de 2024.
En esa ocasión, también resaltó que grupos criminales mantienen el control en muchas cárceles latinoamericanas, lo que contrasta con su modelo, que ofrece orden, disciplina y reos ocupados permanentemente, lo que reduce a su mínima expresión cualquier posibilidad de riña como, en sus palabras han podido comprobar los medios de comunicación que han visitado el controvertido Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel exclusiva para pandilleros señalada por presuntas violaciones masivas de los derechos humanos.
Asimismo, abogó por la adopción de otras medidas que, según su parecer, no implicarían la violación de ninguna ley o derecho fundamental y sí desarticularían buena parte de la estructura con la que estructuras delincuenciales operan: el bloqueo de las telecomunicaciones a través de celulares, pues ese es el medio con el que los presos contactan con el exterior.
El otro lado de la moneda
No todo son bondades. Como se advierte en una publicación del portal especializado Insight Crime fechada en agosto pasado, "las fuerzas de seguridad [de El Salvador] han detenido a decenas de miles de presuntos pandilleros y los han recluido en cárceles hacinadas, bajo condiciones extremadamente restrictivas". "Los presuntos pandilleros han sido juzgados en audiencias masivas, y sus condenas suman miles de años de prisión", añade.
Este proceder —que se suma a las críticas sobre la extensión indefinida del Estado de excepción— pone el acento en al menos tres asuntos claves: la detención masiva de personas sin orden de aprehensión emitida por instancia alguna, su encarcelamiento en condiciones cuando menos deficientes y la violación de facto del derecho al debido proceso, pues los juicios colectivos quebrantan la responsabilidad penal individual, uno de los pilares en los que se apoya el derecho contemporáneo.
Además, de acuerdo con un informe difundido el pasado junio por la ONG Socorro Jurídico Humanitario, al menos 537 personas han fallecido bajo custodia estatal en El Salvador desde marzo de 2022, cuando se implementó el régimen de excepción. Como agravante, se apunta que el 94 % de ellos carecía de un perfil pandillero y murió sin haber sido enjuiciado.
A ese respecto, el especialista en gobierno y gestión pública, Víctor Gaviria, aseveró a RT que "el gran problema de esas llamadas 'políticas de mano dura' es que todas, no hay ninguna excepción, traen consigo una denuncia de violación a los derechos humanos".
El experto insistió en que el discurso de la seguridad por medio de la militarización de la seguridad ciudadana y la suspensión de derechos, suele ser eficaz para anotarse éxitos electorales, pero "no es una política de seguridad implementada para garantizar la confianza y la legitimidad en las instituciones". Por el contrario, —sostiene— se traduce en la imposición de una lógica del "sálvese quien pueda", lejana al papel que, en su criterio, ha de tener el Estado como garante del bienestar de la ciudadanía.