Venezuela remitirá ante la CPI pruebas sobre el impacto de las sanciones de EE.UU.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, informó que en los próximos días el canciller, Jorge Arreaza, remitirá ante la Corte Penal Internacional (CPI) las pruebas que, a su juicio, evidencian que las medidas unilaterales de EE.UU. contra Venezuela constituyen un crimen de lesa humanidad.

Según Rodríguez, se trata de 27 informes donde se documentan todas las acciones de EE.UU., y "cómo han estado afectando a la población civil venezolana en general", con el objetivo de que la CPI pueda avanzar en el examen preliminar que abrió el pasado 19 de febrero, tras la denuncia interpuesta por la nación suramericana.

La vicepresidenta detalló que hasta hoy 176 entidades publicas venezolanas han sido sancionadas, 133 funcionarios, 22 personas naturales relacionadas económicamente con su país, 9 buques extranjeros que transportaban crudo local, 40 buques de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), 15 aeronaves de la aerolínea estatal Conviasa y otras 41 de la estatal petrolera, así como 61 empresas extranjeras relacionadas con Caracas.

La funcionaria indicó que los ataques contra Pdvsa han logrado que, desde diciembre del año 2014 hasta febrero del año 2020, "los ingresos de Venezuela mediante la industria petrolera cayesen en más del 90,5 %".

"Ellos han venido asfixiando la industria petrolera, han atacado directamente a PDVSA, han restado la operatividad financiera, logística, administrativa, de nuestra industria nacional, afectando directamente los ingresos de Venezuela. Ellos lo han declarado expresamente: su objetivo es crear el colapso económico causando sufrimiento en toda la población", manifestó Rodríguez.

La vicepresidenta agregó que EE.UU. ha ido tejiendo una estructura para "imposibilitar el ejercicio financiero" y la adquisición de alimentos, medicamentos y vacunas, por parte del Estado venezolano. "Sabemos el impacto de esto sobre pacientes con enfermedades crónicas", agregó.

Nueva campaña

En este sentido, Delcy Rodríguez anunció el inicio de una campaña denominada "las sanciones son un crimen", para que el pueblo venezolano también pueda denunciar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales.

"A partir de este viernes, Venezuela debe estar en movilización permanente para denunciar ante el mundo los crímenes de lesa humanidad que se cometen contra el pueblo venezolano, con la campaña 'Las Sanciones son un Crimen' se debe despertar la unión y conciencia nacional de todo el país", explicó.

En este sentido, agregó que la Defensoría del Pueblo también ha dispuesto 33 sedes para que los venezolanos puedan registrar las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales en sus vidas.

Asimismo, el gobierno venezolano rechazó a través de un comunicado la renovación "de la infame e irracional" Orden Ejecutiva 13692 de EE.UU., que acusa al país suramericano de ser una amenaza "inusual y extraordinaria" para su seguridad.

Esta orden ejecutiva sentó las bases jurídicas para la imposición de medidas y sanciones unilaterales contra Venezuela. De acuerdo con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, las medidas coercitivas de EE.UU. han causado pérdidas por el orden de los 40.000 millones de dólares.