Entre las protestas en pandemia, la deslegitimación de las Fuerzas Armadas y la 'desilusión' de EE.UU.: ¿puede Colombia salir del laberinto?

En Colombia no paran de suceder eventos trascendentes. Después de semanas de fuertes protestas, las más impactantes de su historia reciente, en medio de la convocatoria de un Paro nacional el 28 de abril que se prolongó mucho más de lo esperado, el flagelo del coronavirus ha vuelto a la palestra, lugar que había abandonado a pesar del aumento creciente de casos.

Las protestas en pandemia

En los últimos días, el país ha registrado cifras récord de fallecidos, acercándose a las 100.000 muertes (actualmente ya supera las 95.000) desde el comienzo de la pandemia. Parece obvio que las protestas, en forma de concentraciones y marchas, dispararon aún más el auge del virus. Ya antes de la convocatoria al paro, el país rozaba las 500 muertes diarias, y la curva no deja de ascender.

Ante esta situación sanitaria, una vez convocado el paro, el gobierno estaba obligado a tender puentes y convocar diálogos efectivos. Sin embargo, prefirió reaccionar con represión y un lenguaje violento que produjo un mayor grado de movilizaciones como respuesta.

Las personas que protestaban sabían que se estaban arriesgando a contraer el virus debido a que las movilizaciones implicaron grandes concentraciones de personas por varios días, y semanas, seguidos. Sin embargo, consideraban que la situación social era muy grave y se corría tanto riesgo protestando como quedándose en casa y soportando el problema económico.

El gobierno, aunque convocó una mesa de diálogo, se ha negado a atender las demandas y ha preferido acusar a las manifestaciones de estar vinculadas con las viejas guerrillas, que ya están desmovilizadas en un alto porcentaje.

Entre la radicalización de muchos sectores sociales y la respuesta agresiva del gobierno se ha producido un escenario caótico que ha llevado al país a una especie de descontrol de regiones y ciudades importantes, donde las manifestaciones impusieron cortes de ruta y concentraciones perennes.

Una vez pausadas las protestas ha vuelto la preocupación del gobierno en torno a la pandemia, en momentos en que los contagios superan los 28.000 diarios.

Mientras la situación luce inmanejable, entre la pandemia y las movilizaciones de calle, revive un nuevo problema que recuerda la nociva situación de derechos humanos.

Dos expresidentes (uno Nobel de la paz) piden perdón por la masacre de miles de civiles

En medio de las movilizaciones, la estrategia del uribismo se ha concentrado en respaldar a las Fuerzas Armadas y la Policía y mantener unificada a la institucionalidad para contrarrestar los efectos de las protestas.

Una de las principales exigencias de los manifestantes es una reforma profunda de la Policía, algo que el gobierno no ha concedido a pesar de anunciar una "transformación" de este cuerpo. 

Por el contrario, el líder del uribismo, el expresidente Álvaro Uribe, desde el primer momento ha salido a defender a las Fuerzas Armadas y ha planteado la necesidad de permitir que usen armas de fuego para defenderse de los manifestantes.

No obstante, la solidez institucional ha sufrido un duro revés, una vez el expresidente, exministro de Defensa y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos, reconoció, el 11 de junio, frente a una interpelación de la Comisión de la Verdad (un organismo del Estado que investiga el conflicto armado que sacudió Colombia las décadas pasadas), la ejecución de falsos positivos por parte del Ejército. Esto es, la masacre de más de 6.000 civiles desarmados para ser presentados como bajas en medio del combate entre 2002 y 2008, con el fin de llevar una imagen de efectividad frente a la opinión pública en momentos en los que las guerrillas controlaban bastos territorios.

Santos dijo: "La presión por producir bajas y los premios por lograrlo fueron, sin duda, los incentivos para producir lo que vino después (los falsos positivos) (…) Me queda el remordimiento y el hondo pesar de que durante mi ministerio muchas, muchísimas madres, incluidas las de Soacha, perdieron a sus hijos por esta práctica tan despiadada, unos jóvenes inocentes que hoy deberían estar vivos. Eso nunca ha debido pasar. Lo reconozco y les pido perdón a todas las madres y a todas sus familias, víctimas de este horror, desde lo más profundo de mi alma".

El expresidente Uribe, por su parte, ha respondido políticamente a esta declaración de Santos, pero siempre reconociendo que en su gobierno sí se efectuaron dichos actos bárbaros de ejecuciones masivas.

Un duro golpe moral a las Fuerzas Armadas, que las últimas semanas han intentado controlar el orden público reprimiendo manifestaciones pacíficas con un saldo de al menos 74 fallecidos, según las cifras de diversas ONG.

Y la cuestión no acaba allí.

Atentado terrorista de Cúcuta

El martes 15 de junio ocurrió un atentado terrorista con un coche bomba en una brigada del Ejército cercana a Cúcuta, Norte de Santander, en el sureste del país. El evento ha producido hasta ahora una treintena de heridos y considerables daños materiales.

Enseguida se han prendido los ataques verbales por parte de sectores conservadores en contra de la izquierda y las protestas, acusándolos sin prueba alguna del hecho.

En todo caso, el presidente Iván Duque y los poderes establecidos han vuelto a retomar la gramática antiterrorista que tanto le ha ayudado para hegemonizar la política colombiana, lo que puede llevar a hacer más violenta la respuesta a las protestas y coyunturas políticas que están por venir, como la nueva convocatoria del Comité de Paro para el próximo 20 de julio.

El desánimo del aliado

Por si fuera poco, el gran aliado del Gobierno de Colombia, como lo ha sido EE.UU., una vez asumida la nueva gestión del presidente Joe Biden, parece estar soltando la mano al uribismo después de haberlo tutoreado en materia militar y política.

Primero, la Administración Biden se mostró preocupada por la violencia en Colombia y pidió al gobierno respeto por los derechos humanos una vez se extendía la represión de los cuerpos policiales y militares a los manifestantes. El solo hecho de negar una solidaridad automática al gobierno de Duque, es una evidencia de los cambios de enfoque que están ocurriendo en el Gobierno de EE.UU. en torno a la región, esto a pesar de la importancia que ha tenido Colombia para el mantenimiento de sus intereses.

Luego, las recientes giras de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, y el secretario de Estado, Antony Blinken, a Latinoamérica han excluido a Colombia debido a que han preferido confrontar el problema de la migración, por lo que se han concentrado en visitar los países de Centroamérica, desde donde se produce el fenómeno migratorio a EE.UU.

En anteriores giras por el subcontinente de altos funcionarios norteamericanos como Rex Tillerson o Mike Pompeo, ambos secretarios de Estado del expresidente Donald Trump, privilegiaban en su agenda encuentros con el Gobierno colombiano. Ya no parece ser tan así.

Sin la firmeza de EE.UU., el uribismo parece débil para perpetuar la impunidad sobre hechos como los mencionados anteriormente.

En fin, un conjunto de hechos y cambios en sus relaciones internacionales parecen modificar el sentido que llevaba la política colombiana, desde una hegemonía total de la derecha aliada de EE.UU. hacia una situación caótica en la que se expande el descontrol político.

Esto sucede a menos de un año de las próximas elecciones presidenciales donde la izquierda posee posibilidades reales de ganar. ¿Servirán estas elecciones para ayudar a salir del laberinto en que se encuentra el país? Tendremos que esperar varios meses para saber la respuesta.

Ociel Alí López

Es sociólogo, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido ganador del premio municipal de Literatura 2015 con su libro Dale más gasolina y del premio Clacso/Asdi para jóvenes investigadores en 2004. Colaborador en diversos medios de Europa, Estados Unidos y América Latina.

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