¿Fin de la impunidad o maniobra política? El debate que abrió en México la denuncia por corrupción contra Peña Nieto

La denuncia por presunta corrupción en contra del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto desató una polémica en el país, ya que mientras el Gobierno afirmó que es una prueba más de que no habrá impunidad para nadie, otros sectores acusaron que solo se trata de una medida electoralista.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, reveló la víspera que había iniciado una causa ante la Fiscalía General de la República para investigar millonarias operaciones bancarias relacionadas con Peña Nieto, quien un rato más tarde rechazó los señalamientos.

La controversia de fondo, que estalló de inmediato, se debe a que el 4 de junio del próximo año habrá elecciones en el Estado de México, la entidad más importante en términos electorales puesto que ahí viven 12,4 millones de los 93,6 millones de votantes del país. De hecho, Peña Nieto fue su gobernador de 2005 a 2011 y de ahí saltó a la presidencia.

Según los detractores del presidente Andrés Manuel López Obrador, la denuncia, que fue sorpresiva, forma parte de una operación política para favorecer a su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y debilitar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que siempre ha gobernado en el Estado de México.

En las últimas semanas crecieron las versiones de que Peña Nieto está trabajando para apuntalar la candidatura del PRI, a lo que, según políticos opositores como el senador Emilio Álvarez Icaza, López Obrador respondió con la denuncia por corrupción.

Si Morena lograra ganar esta elección local, además de que sería un hecho histórico, también apuntalaría la fuerza electoral del partido oficialista rumbo a las presidenciales de 2024. Y su proceso interno comenzó el mismo día de la denuncia contra Peña Nieto, ya que el jueves se lanzó la convocatoria para el registro de los precandidatos a la gubernatura.

La causa

El titular de la UIF explicó que, entre 2019 y 2021, Peña Nieto recibió depósitos bancarios provenientes desde México hacia España por 26,7 millones de pesos (1,2 millones de dólares)

Las transacciones fueron realizadas por un familiar del expresidente, cuyo nombre no se reveló, y quien ya había concretado operaciones por 11,3 millones de dólares en 2013 y 2022.

A ello se suman irregularidades fiscales y financieras de dos empresas vinculadas a Peña Nieto, una de las cuales recibió contratos gubernamentales por un monto total de 10.533 millones de pesos (511 millones de dólares) de 2013 a 2018, es decir, durante el periodo en que fue presidente.

Como la información fue expuesta durante la conferencia matutina de López Obrador, el presidente aclaró enseguida que no se trataba de acusar a Peña Nieto de lavado de dinero.

"Es muy importante el que podamos actuar con responsabilidad para no hacer juicios sumarios y que al mismo tiempo actuemos con transparencia. Es una línea muy delgada, pero se puede, si asumimos nuestra responsabilidad (...) que también quede de manifiesto que nosotros no vamos a fabricar delitos a nadie (...) lo que queremos es limpiar de corrupción al país", advirtió.

Sin embargo, la denuncia levantó una polvareda política en México porque, a pesar de permanentes sospechas de corrupción y a sus abruptos crecimientos patrimoniales durante el periodo en que gobernó, ningún expresidente ha sido nunca investigado ni sometido a disposición de la justicia.

Incluso Peña Nieto, quien ha optado por el silencio desde que dejó de gobernar, respondió a través de sus redes sociales que demostrará la legalidad de su multimillonario patrimonio.

Reacciones

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, celebró el trabajo de la UIF y, al igual que el presidente, aseguró que es una muestra de que ya no habrá más impunidad.

"Es una investigación con mucha información. La decisión que se toma es que se vaya a la Fiscalía, es decir, no esconder lo que se encontró, que no hay impunidad, que se hace transparente", dijo la también precandidata presidencial.

Más cauto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, subrayó la importancia de respetar el principio de presunción de inocencia y el debido proceso contra Peña Nieto.

"Lo que debemos hacer todos, antes de emitir una condena, un juicio de valor o una actitud que lastime a las personas, es conocer la averiguación, conocer la carpeta y lo que el juez resuelva", señaló.

Monreal, quien al igual que Sheinbaum buscará la candidatura oficialista a la presidencia, agregó que nadie puede ser estigmatizado como un delincuente sin antes ser detenido y condenado con pruebas suficientes.

"Esta es una información que tiene la UIF, como seguramente tiene cientos o miles de expedientes de personas políticamente expuestas, así es que yo estoy seguro, convencido y espero que se aclare, se resuelva y se actúe conforme a la ley, conforme a derecho y no conforme a otras circunstancias", señaló al rechazar cualquier tipo de persecución política.

"Sobre nosotros se construyeron expedientes falsos, ahora no podemos hacer lo mismo una vez que la gente nos dio la confianza y sus votos, tenemos que actuar con rectitud y aplicar estrictamente la ley al caso concreto, por eso no me sumo a climas de linchamiento ni a vendettas políticas", dijo.

A pesar de sus señalamientos, Monreal rechazó de manera tajante las versiones de que la acusación solo es una maniobra electoralista para beneficiar a Morena en el Estado de México, ya que, aseguró, en esa entidad el presidente tiene altos grados de popularidad y no necesita de este tipo de estrategias.

Las especulaciones sobre la pertinencia de la causa judicial en contra de Peña Nieto continuaron luego de que Santiago Nieto revelara que la investigación se realizó mientras él encabezó la UIF, es decir, de diciembre de 2018 a noviembre de 2021, y que cuando se detectaron las anomalías se reportaron a las autoridades competentes, pero recién ahora se da a conocer toda esa información.

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"La UIF estaba subordinada al modelo neoliberal de corrupción. Me tocó romper eso y ponerla al servicio de la transparencia y honestidad. Denuncié extorsiones, descongelamientos y opacidad", señaló el exfuncionario en sus redes sociales.

La polémica se incrementó con la noticia de que el abogado de Peña Nieto, Juan Collado, compró un departamento de cinco millones de dólares en Madrid cuando ya era investigado por lavado de dinero, cargo que también se ha imputado a varios funcionarios del Gobierno de Peña Nieto.

Además, diversas investigaciones periodísticas han puesto la lupa en la ostentación con la que vive Peña Nieto desde que dejó la presidencia, ya que suele viajar en aviones privados, se hospeda en hoteles de primera categoría y se le ha fotografiado en restaurantes de lujo en EE.UU. y Europa.

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