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Colombia y México lideran programas de reducción de daños por consumo de drogas en América Latina

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Un informe detalla los avances y retrocesos de estas innovadoras políticas en la región.
Colombia y México lideran programas de reducción de daños por consumo de drogas en América Latina

Colombia y México son los países que cuentan con un mayor número de programas para reducir los daños por el consumo de drogas, desde la entrega de agujas desechables, hasta la sustitución de opiáceos o el testeo de sustancias sintéticas en eventos masivos.

Así lo revela el informe "El Estado Mundial de la Reducción de Daños 2022", que fue realizado por Harm Reduction International, una organización británica y no gubernamental que cada dos años, desde 2008, analiza los programas que se han puesto en marcha a nivel global.

En el capítulo correspondiente a América Latina y el Caribe, el documento advierte que, más allá de algunos avances, las políticas siguen basándose en los principios de la "guerra contra las drogas", es decir, en la criminalización de la producción, venta y consumo de sustancias ilegales, además de los tratamientos basados en la abstinencia.

"Este enfoque punitivo se traduce en violencia y violaciones de los derechos humanos", advierte.

Hasta ahora, solo Colombia y México cuentan con programas de entrega de agujas desechables para el consumo de drogas inyectables, una estrategia que apunta a evitar el contagio de VIH o hepatitis C, y que pueden provocar muertes prevenibles.

También son los únicos países, junto con Puerto Rico, en donde existen programas de sustitución de opiáceos que ayudan a las personas con problemas de adicción a consumir dosis supervisadas de medicamentos (como naloxona), que frenen el riesgo de sobredosis.

La lista de países se amplía con respecto al testeo de drogas de diseño en eventos masivos como fiestas electrónicas, en donde organizaciones de la sociedad, junto con autoridades, analizan la calidad de las nuevas sustancias sicoactivas, generalmente pastillas, para reducir el riesgo de internaciones y, en el peor de los casos, muertes.

En ese caso, además de Colombia y México se encuentran Argentina, Chile, Perú y Brasil. Aunque representa un avance con respecto a lo que ocurría en 2020, los servicios todavía no operan a la escala necesaria.

Alternativas

En toda la región solo hay una sala de consumo seguro, es decir, un lugar en el que los usuarios enfrentan menos riesgos de contagios o de sobredosis.

Se encuentra en la ciudad de Mexicali (estado de Baja California, México), es exclusivamente para mujeres que se inyectan drogas, está operada por la asociación civil Verter, ha funcionado con interrupciones desde 2018 y es insuficiente para las 100.000 personas que, se calcula, consumen sustancias a través de jeringas en ese país.

"Aunque antes funcionaba desafiando al gobierno local, el espacio cuenta ahora con el respaldo tácito del gobierno. La Sala ofrece otros servicios de reducción de daños, como servicios de salud reproductiva y sexual, apoyo legal, asesoramiento de pares, análisis de sustancias, prevención de sobredosis, programas de prevención del VIH y la hepatitis C y distribución de naloxona", señala el Informe.

Hasta ahora es la única experiencia de este tipo, pero en Bogotá ya se encuentra en una fase avanzada la planificación de una sala que será gestionada por la organización Acción Técnica Social.

Uno de los mayores retrasos en las políticas de reducción de daños es el de programas en las prisiones, ya que la atención de salud de las personas privadas de la libertad y que padecen problemas de salud por el consumo de sustancias, no forman parte de la agenda política de ningún Gobierno.

Solo en Bolivia existe un programa dirigido a las personas que salen de la cárcel con algún tipo de diagnosticado de drogodependencia.

El documento destaca que los gobiernos de Colombia y de México han adoptado un enfoque alternativo, que abre oportunidades para reformar las políticas de drogas a partir de la regulación integral de la cocaína y el cannabis.

Alerta

Los avances no son parejos. En Brasil, Costa Rica y Uruguay la reducción de daños está respaldada en las políticas nacionales, pero los recortes presupuestales han obligado a los servicios a reducir su cobertura.

En el resto de la región, también es generalizada la reducción de financiamiento nacional e internacionalización para para los servicios de salud mental y el uso de drogas.

Además, se han encendido alarmas en otro sentido, ya que en Brasil y en Uruguay las organizaciones de la sociedad civil advierten del aumento de la internación obligatoria de las personas que usan drogas, así como del incremento de la financiación de los servicios de tratamiento basados en la abstinencia.

De hecho, la abstinencia fue una política central del Gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, lo que explica, entre otros factores, que de una lista de 30 países, tenga una de las calificaciones más bajas con respecto a las medidas de reducción de daños, junto con Ghana y Uganda.

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