¿Cómo es el modelo que servirá de base para regular las apps tipo Airbnb en Ciudad de México?

La gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que el próximo año se regularán las aplicaciones de alojamiento temporal como Airbnb, siguiendo como base el modelo implementado en 2017 por la ciudad española de Barcelona. 

"Así como traen beneficios, el turismo a la ciudad, también gentrifican ciertas zonas, han elevado costos", opinó la autoridad estatal sobre las plataformas digitales. 

Sheinbaum detalló que la Secretaría de Turismo estatal y el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) están revisando el tema junto con las empresas de arrendamiento virtual y los vecinos de la capital para evitar que se continúe incrementando el costo de las vivienda de la capital, sobre todo en zonas de especial atractivo turístico como las colonias Condesa, Polanco o Roma.  

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En este sentido, explicó que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con quien tiene una "muy buena relación", aceptó compartir información con su Gobierno sobre el modelo implementado en la ciudad española, aunque no descartó que se consulten otras experiencias. 

"Barcelona reguló este tema desde hace tiempo, de hecho, prohibió que en algunas zonas hubiera la renta para plataformas digitales", explicó la mandataria local.

En meses recientes se han desatado numerosas protestas en la Ciudad de México en contra de plataformas digitales de arrendamiento de corto plazo. Los habitantes capitalinos acusan a las aplicaciones de haber fomentado el desalojo de inquilinos y de inflar artificialmente el costo de las rentas y de las propiedades en la urbe. 

¿Cómo es el modelo de Barcelona? 

En 2017 la ciudad al noroeste de España introdujo un plan para ordenar los establecimientos de alojamiento turístico, albergues y residencias colectivas y viviendas individuales de uso vacacional y de estancia temporal. 

La estrategia, conocida como 'Plan especial urbanístico de alojamientos turísticos' (Peuat), fue derogada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2019 por carecer de estudios económicos que la avalaran; sin embargo, se renovó en 2021 y logró entrar en vigor en enero de 2022. 

El plan divide a Barcelona en cuatro áreas con el fin de ordenar la apertura de nuevos establecimientos, dependiendo de la importancia natural o económica de los lugares.

La zona 1, por ejemplo, es considerada como de "decrecimiento natural" por lo que no permite la implantación de nuevos establecimientos turísticos o albergues, ni tampoco la expansión de los ya existentes. 

En cambio, la zona 2, calificada como un área de "mantenimiento", sí autoriza que se creen nuevos espacios, dependiendo de la densidad de las plazas y del número de establecimientos ya operando, pero no admite que se amplíen los previamente instalados. 

La más permisiva de las zonas es la número 3, llamada de "crecimiento contenido", la cual posibilita la instalación y la ampliación de los establecimientos, siempre y cuando se respeten otros lineamientos contemplados en la normativa.

Por su parte, la zona 4, considerada de "planeamiento urbanístico", está compuesta por diversas subáreas y si bien admite el establecimiento y la expansión de los espacios turísticos y albergues, los limita y condiciona según las características de cada lugar. 

Alcances y limitaciones de la normativa  

Según el Peuat, una vivienda de uso turístico es aquella que es arrendada temporalmente por su propietario a terceros, ya sea directa o indirectamente, a través, por ejemplo, de plataformas digitales.

Además de limitar los establecimientos turísticos según la zona, el plan establece que cualquier vivienda de arrendamiento solo podrá instalarse en inmuebles en "los que ninguna de sus entidades" estuviera destinada al uso de vivienda a fecha 1 de julio de 2015. 

Asimismo, instruye que no pueden rentarse propiedades que se encuentren en planta baja ni en una vivienda unifamiliar. 

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En cuanto a las residencias colectivas, la legislación las define como los alojamientos turísticos en donde habita el titular del inmueble, quien comparte su hogar con terceros por un espacio corto de tiempo y a cambio de una remuneración económica. 

La normativa, además, establece que durante la estancia del inquilino, el dueño de la propiedad compartida debe residir en el hogar, en tanto que limita el periodo de renta a máximo 31 días. 

Las residencias compartidas solo pueden crearse si se apela a una nueva actividad turística, que esencialmente corresponde a las zonas de crecimiento contenido, o bien si se reconvierte una vivienda turística preexistente. 

El reglamento establece que las residencias compartidas solo se pueden crear en apelación a una nueva actividad turística, que esencialmente corresponde a la zona 3, o si se reconvierte una vivienda turística preexistente. 

El Peuat prohíbe que el titular de cualquier espacio turístico, compartido o exclusivo, sea una persona jurídica e indica que los derechos de uso son intransmisibles.

Polémicas en torno al Peuat

El plan de Barcelona no solo afecta a viviendas turísticas y compartidas, sino también a establecimientos como hoteles, posadas y similares, lo que ha generado molestias entre el sector. 

En marzo, el Gremi d'Hotels de Barcelona presentó un recurso contencioso-administrativo contra el Plan, dadas las limitaciones geográficas para construir nuevos espacios turísticos. Mientras que en julio, en plena temporada vacacional, la asociación de Vecinos y Anfitriones de Barcelona se manifestó en contra de la medida, reclamando su derecho de arrendar sus viviendas. 

De acuerdo con datos del Observatorio de Turismo de Barcelona, en noviembre de 2022 se registraron 84.716 alojamientos en la ciudad, 15,17 % más que los contabilizados en el mismo mes de 2021, mientras que al tercer trimestre del año el número de turistas ascendió a 3,7 millones en la provincia, "recuperado casi todo el turismo de antes de la pandemia", informa El Periódico, que recoge datos del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona. 

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