Racismo estructural y discriminación: las materias pendientes tras el cierre del Inadi en Argentina

El cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo de Argentina (Inadi), por parte del Gobierno del presidente Javier Milei, enciende las alarmas sobre la imposición fáctica del mito de la nación blanca descendiente de europeos, ampliamente instalado en la sociedad, aunque condena a la periferia a los afrodescendientes, indígenas y no blancos en general.

Al anunciar la polémica medida, el vocero presidencial, Manuel Adorni, argumentó que el organismo –donde trabajan unas 400 personas, distribuidas por todo el territorio nacional– ha estado dirigido en no pocas ocasiones "por funcionarios de dudosa idoneidad", al tiempo que aseguró que la dependencia hacía parte de una "rosca política" que no aporta nada "en un país empobrecido" y privilegia "el empleo militante".

Con independencia de los dichos de Adorni, el Inadi existe como órgano adjunto al Ministerio de Justicia desde hace 28 años, con la misión de "elaborar políticas nacionales para combatir toda forma de discriminación, xenofobia y racismo, impulsando y llevando a cabo políticas públicas federales y transversales articuladas con la sociedad civil, y orientadas a lograr una sociedad diversa e igualitaria", según se lee en su portal oficial.

De su misión sostenida y de la existencia de instancias como la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina o campañas para erradicar la discriminación contra personas gordas, se desprende que tales prácticas están instaladas. Según una investigación que realizaran en 2019 –y que quedó trunca por la pandemia–, el 72 % de los entrevistados aseguró que había sido víctima de algún acto de discriminación, frente al 65 % que afirmó lo mismo en 2013.

Con respecto a los ámbitos donde se sucedieron las prácticas discriminatorias, la lista la encabeza el educativo (41 %), seguido del laboral (26 %) y la vía pública (18 %), aunque también figuraron barrio o vivienda (8 %), boliches, bares y restaurantes (7 %) y familiar (6 %). 

El problema oculto 

De estas prácticas, el racismo resulta particularmente relevante porque la información disponible es esquiva. Sin embargo, en el mismo estudio del Inadi se encontró que parte de las respuestas ofrecidas por los encuestados sobre los tipos de discriminación de los que habían sido objeto se inscribían dentro de una "desnaturalización de la jerarquización social como base del racismo estructural". 

De esa sentencia se desprenden una importante conclusión, que a falta de datos más precisos –por ejemplo, en el Censo de 2022 solo preguntó por la pertenencia a algún pueblo originario–, sirven de guía para analizar la expresión concreta que adopta el racismo en la sociedad argentina, donde las personas han dejado de percibir que la jerarquización social constituye la base del racismo estructural y, en consecuencia, naturalizan la discriminación por color de piel.  

Como apuntara el sociólogo peruano Aníbal Quijano, la colonización española impuso una jerarquía de clase basada en el color de piel cuyos efectos de poder persisten hasta la actualidad. En términos sencillos, un habitante de América Latina ostentará mayor estatus –y podrá ejercer relativamente más poder– en la medida en que su piel sea más clara.

Pero aunque es una identidad que atraviesa en mayor o medida la identidad de los pueblos latinoamericanos y caribeños, hay matices. En países como México, Venezuela, Brasil o Puerto Rico, se ha construido una idea de nación que apunta a la reivindicación de la mezcla, de lo marrón, de lo indígena, como resistencia al paradigma de la blanquitud heredado de tiempos coloniales. En Argentina, la situación es diferente.

En un texto para Anfibia, Ezequiel Adamovsky, doctor en Historia y catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires refiere que "el Estado argentino eligió, en cambio, proclamar que su población era blanca y europea y que toda mezcla posible había quedado sepultada bajo la portentosa inmigración de ultramar de fines del siglo XIX".

Los dos últimos presidentes del país, Alberto Fernández (2019-2023) y Mauricio Macri (2015-2019), han asegurado que gobernaban un país blanco descendiente de europeos. Aunque Fernández se disculpó, sus declaraciones y las de Macri comparten su origen en una creencia que, no por falaz, está menos extendida.

Sin embargo, Adamovsky baja el tono y reconoce que, tras la crisis social de 2001, "la solidez de los discursos blanqueadores" ha ido mermando, ello ha sido a condición de la convergencia de una mayor conciencia de los debates sobre el tema en el espacio público y las luchas de las comunidades afrodescendientes, indígenas y marrones.

Lo estructural concreto 

Más allá de la disputa narrativa presente, la discriminación racista, más que relato, es una realidad dolorosa para muchos. Es el caso de quienes tienen que escuchar insultos como "negro de mierda". Así insultó la Policía a Lucas González, un jugador de fútbol de 17 años de extracción popular asesinado por agentes vestidos de civil en 2021. Casi dos años después, un tribunal los condenó por abusar de sus funciones, pero también por odio racial.

Las frases "negro de mierda" o "negros de mierda" se escuchan por doquier en suelo argentino: se la oye tanto en la calle, como dirigida a quienes manifiestan contra el Gobierno; se la escucha en los estadios, en la plaza pública y, después del anuncio del vocero de Milei, se escribió profusamente en redes sociales. En la Argentina de hoy, pareciera que es normal discriminar por el color de piel. Es el racismo estructural inadvertido que señalaba el Inadi en su investigación de 2019.

Según datos del censo de 2010, el último con cifras disponibles sobre el tema, apenas el 0,37 % de los argentinos se identifica como afrodescendiente, el 2,38 % como descendiente de algún pueblo originario y el 4,5 % de la población nació en el extranjero. Vista así, la nación sería étnicamente homogénea, aunque las frases racistas sigan siendo una forma clara de estigmatizar al otro. 

La prensa también abona a la naturalización del racismo estructural. En un artículo para El Diario AR, se denuncia la profusión en los medios de titulares y frases con abierto contenido racista e incidencia en la política nacional, pues, en general, el objetivo son "los negros" que votan al peronismo o "los caciques" –autoridades peronistas de provincia, nunca las personalidades derechistas.

El 'marxismo cultural' y otros mitos

La desaparición del Inadi bajo la fórmula de recortar gastos asociados a instituciones donde, supuestamente, habrían reinado el despilfarro y la corrupción, resulta inquietante porque desplaza el rol del Estado en el combate contra el racismo estructural y otras formas de discriminación en favor de la gestión individual del asunto, cuando claramente se trata de un problema complejo, que a menudo se cruza con la naturalización.

No obstante, esta política es consistente con el punto de vista de Milei sobre las reivindicaciones identitarias y la lucha contra la discriminación, que inscribe dentro de la categoría "marxismo cultural", un paraguas amplio que cobija a toda forma de reivindicación social promovida incluso por sectores liberales.

A este respecto, vale la pena recordar que en mayo de 2022, cuando ya había anunciado su interés en competir por la primera magistratura de su país, el ahora mandatario anunció que eliminaría el Ministerio de la Mujer –y lo hizo–, al tiempo que recalcó que no tenía que pedir disculpas por ser un hombre blanco de ojos azules, expresiones que fueron tachadas de misóginas y racistas.

"Yo, por ser rubio, de ojos celestes, hombre, no voy a estar pidiendo perdón por tener pene. No tengo por qué sentir vergüenza por ser un hombre blanco, rubio, de ojos celestes. No le voy a conceder nada al marxismo cultural", afirmó entonces en una presentación de un libro de su autoría.

Bajo esta matriz analítica, la eliminación del Inadi pareciera entrañar bastante más que un mero procedimiento burocrático destinado a adecentar las cuentas del Estado, en el contexto de una severa disciplina fiscal para cumplir los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como ha tratado de argumentar Adorni al comunicar la noticia a la prensa.

En su lugar, más bien se corresponde con la puesta en obra de una visión de la sociedad falsamente igualitaria en términos de oportunidades y derechos, en la que se dejan de lado asuntos reconocidos hasta ahora por el Estado argentino como estructurales y que, para superarse, ameritan de su compromiso y atención. 

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