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Defensa de Cristina Kirchner recusa a fiscal que pidió duplicar condena en el caso 'Vialidad'
El abogado Carlos Beraldi señaló que el agente "perdió objetividad" y modifica su postura para perjudicar a la exmandataria.
La defensa de la expresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, pidió este miércoles suspender las audiencias que se llevan a cabo para revisar su condena de seis años de prisión en la causa de 'Vialidad' y solicitó apartar del caso al fiscal Mario Villar, que el lunes pidió duplicar la condena por considerar a la exfuncionaria como la jefa de una asociación ilícita.
Mediante un escrito, su abogado Carlos Beraldi señaló que Villar "perdió objetividad" y modifica su postura para perjudicar a la exmandataria, reseñó La Nación.
Indicó que el fiscal perdió objetividad porque "ha sostenido posiciones antagónicas en las causas a su conocimiento, dirigidas a mantener pretensiones punitivas a todo trance en contra de la expresidenta de la nación".
Además de Villar, la defensa de la también exvicepresidenta reclamó apartar al juez Diego Barroetaveña, quien junto a Gustavo Hornos y Mariano Borinsky están a cargo del tribunal que revisar la causa.
"El juez Barroetaveña se encuentra ahora inmerso en la causal de apartamiento pues ha valorado y emitido opinión sobre hechos que guardan relación directa e inmediata con los agravios postulados por la Fiscalía en este proceso, respecto de los cuales debe emitir sentencia", argumentó el abogado.
Estos reclamos deberán ser ahora resueltos por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, que es la que está revisando la sentencia contra Fernández de Kirchner.
La causa
En la causa 'Vialidad', la exmandataria fue condenada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal N° 2 a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al haber sido hallada culpable del delito de "administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".
En el juicio, Fernández de Kirchner fue acusada de haber encabezado una asociación ilícita —delito desestimado en el fallo— que durante sus dos gobiernos (2007-2015) y el de su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner (2003-2007), direccionó millonarios fondos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez, quien, según la imputación, luego se los devolvía como sobornos simulados en el pago de alquileres.
La decisión fue apelada por su defensa. La exmandataria ha sostenido que la acusación ha sido montada en una "feroz campaña política y mediática" para perjudicarla.
Asimismo, ha señalado que la causa 'Vialidad', al igual que otras investigaciones en su contra, forman parte de una persecución judicial o 'lawfare' (guerra jurídica) con el objetivo de "proscribirla" políticamente.
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