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Organizaciones de Colombia advierten "riesgos" en proyecto de reconversión en Gorgona
Para la administración de Gustavo Petro se trata de una "intervención integral" en la isla para proteger el medio ambiente y combatir delitos transnacionales.
Luego de casi un año de haberse llevado a cabo la audiencia pública 'Salvemos Gorgona' en el Congreso de la República, el Gobierno colombiano tomó la decisión de dar 'luz verde' a las obras en la isla localizada en el Pacífico, pero con algunos ajustes.
Para la administración de Gustavo Petro se trata de una "intervención integral" que busca cumplir varios propósitos: por una parte, proteger el medio ambiente y, por otro lado, combatir delitos transnacionales como el narcotráfico y la pesca ilegal, entre otros.
Así las cosas, el proyecto gestado durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) contempla, en su versión actualizada, la construcción o el mejoramiento de los siguientes componentes:
- Un muelle.
- Una torre de avistamiento.
- Un centro de monitoreo y control.
- La adaptación de bodegas para que funcionen como auditorio.
- La reconversión del suministro eléctrico (a partir del uso de energías renovables).
No obstante, integrantes del Comité Salvemos Gorgona, una organización que nació con el objetivo de defender la preservación de la denominada 'isla Ciencia', aseguran que los planteamientos de la administración de Gustavo Petro están plagados de contradicciones.
En entrevista, consideran que el Gobierno abandera un 'falso ambientalismo' que, en última instancia, se ha terminado alineando con los objetivos estratégicos de EE.UU. en el continente, uno de los impulsores del proyecto militar.
Andrés Pachón, abogado y uno de los voceros del Comité Salvemos Gorgona, advierte que el proyecto en la isla forma parte de una estrategia encabezada por EEUU., país que busca ejercer el control sobre el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, una zona considerada de alto valor estratégico.
"Este proyecto implica que una potencia extranjera como EE.UU. tenga presencia en nuestro territorio, o por lo menos, acceso privilegiado a información sensible como la que se puede obtener a través de un radar. Son muchos los riesgos".
La defensa medioambiental, una coartada
De acuerdo con Andrés Bodensiek, otro de los voceros del Comité Salvemos Gorgona, los últimos anuncios del Gobierno no son sino una manera de justificar un proyecto que, además de atentar contra el medio ambiente, vulnera la soberanía nacional.
El rechazo gubernamental de cualquier tipo de involucramiento de EE.UU. en el proyecto militar, no se sostiene a la luz de los hechos, revela por su parte el Colectivo Unidos por Gorgona. Se trata de una simulación, aseguran.
Miembros de esta organización denunciaron que, el 14 de septiembre del año pasado, un helicóptero de la Armada Nacional aterrizó en la isla con un grupo de funcionarios del Gobierno estadounidense, acompañados por el comandante de Guardacostas, el capitán de Navío Javier Bermúdez.
De acuerdo con testimonios del Colectivo Unidos por Gorgona, los funcionarios norteamericanos fueron recibidos con 'bombo y platillo': les ofrecieron de almorzar, los pasearon por la zona del pueblo y los llevaron a visitar las instalaciones de lo que alguna vez fue un antiguo penal de máxima seguridad.
Los integrantes de las organizaciones advierten que la instalación del radar terminará generando contaminación electromagnética.
A principios de este año, en una entrevista con la prensa local, el capitán Navío Javier Bermúdez salió en defensa del proyecto militar, e incluso insistió que, ante la crisis de inseguridad y violencia vivida en Ecuador, las obras en isla Gorgona resultaban estratégicas para combatir el tráfico de drogas, armas y personas, así como la pesca ilegal.
Sin embargo, al mismo tiempo que el Gobierno nacional pretende dotar a la isla de la infraestructura y las herramientas necesarias para combatir estos delitos, se la pretende fortalecer como un espacio de conservación de la biodiversidad, una contradicción desde la perspectiva de los colectivos en defensa de los derechos de la naturaleza.
Solo por mencionar dos ejemplos, los integrantes de estas organizaciones advierten que la instalación del radar terminará generando contaminación electromagnética, mientras que la construcción del muelle, tal como está prevista, producirá contaminación acústica, afectando la vida de la fauna marina.
De ahí que Bodensiek considera que la determinación del Gobierno de Gustavo Petro de continuar con un proyecto militar heredado de administraciones anteriores, esta vez poniendo énfasis en la salvaguarda del medio ambiente, no es sino una coartada para convalidar, con unos cuantos matices, la iniciativa original.
"El 'lavado verde' consiste en cambiar la fuente de combustible fósil por paneles solares, anunciar la puesta en marcha de un centro de investigación, una torre de avistamiento, mejorar el centro de buceo, sin licencia ambiental de por medio, y decir que el proyecto es enteramente colombiano".
A pesar de que el Gobierno de Gustavo Petro insiste que su par estadounidense no tendrá participación en el proyecto, las organizaciones en defensa de la isla consideran que no existen elementos donde se pueda documentar que, en efecto, Washington se mantendrá a raya.
Por el contrario, persiste la opacidad en torno al destino de los recursos que fueron presupuestados originalmente por el Departamento de Estado norteamericano. Hasta la fecha se desconoce cuánto del dinero provisto por Washington se ha gastado en el proyecto.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, en una conferencia de prensa realizada el pasado 12 de febrero, se limitó a señalar que los 12 millones de dólares del Gobierno estadounidense serían utilizados únicamente para llevar a cabo una "transición energética".
Se desconoce cuánto del dinero provisto por Washington se ha gastado en el proyecto.
Sin embargo, mientras que el Gobierno colombiano asegura que se hará cargo de la totalidad de los costos, no está claro si los recursos que ya fueron suministrados con anterioridad serán devueltos y, de no ser así, cuáles serán las consecuencias por el incumplimiento de los acuerdos con EE.UU.
Se desconoce qué pasará con el equipo que ya fue adquirido. Por ejemplo, aún no se explica qué destino tendrá el radar multipropósito comprado a EE.UU. en 2019, mismo que se pretendía instalar en la isla para fortalecer el área de control.
Bodensiek llama la atención sobre el hecho de que el propio embajador encargado de EE.UU. en Colombia, Francisco Palmieri, admitió a finales de febrero de este año—después de las puntualizaciones del ministro de Defensa—, la participación directa de su país.
"No es una base militar, es una estación de Guardacostas. (Nosotros) vamos a estar allá (en isla Gorgona) haciendo múltiples esfuerzos para proteger el medio ambiente", sentenció el diplomático durante una entrevista.
Denuncia ante organismos internacionales en puerta
Bodensiek, especialista en derecho de tierras y economista ambiental, adelanta que en el Comité Salvemos Gorgona están preparados para tocar la puerta de instancias internacionales en caso de que el presidente Petro no dé marcha atrás al proyecto.
De continuar con las obras, asevera Bodensiek, en un primer momento el Comité presentará una demanda contra el Gobierno ante tribunales nacionales. En la legislación colombiana, explica, se encuentra contemplado el ecocidio, delito que motivará su acusación.
En un segundo momento, en caso de no hallar respuesta, las organizaciones presentarán una demanda ante instancias internacionales, entre ellas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha emitido resoluciones en temas medioambientales.
Lejos de esperar que el Gobierno de Petro cambiará de postura por voluntad propia, los voceros de los colectivos en defensa de isla Gorgona dicen confiar, sobre todo, en la fuerza de la movilización y la toma de conciencia por parte de la ciudadanía sobre el patrimonio natural y la soberanía de Colombia.
La senadora Piedad Córdoba había alertado sobre los peligros derivados de un proyecto militar con la participación de EE.UU.
En este sentido, Bodensiek adelanta que desde las organizaciones sociales continuarán convocando movilizaciones como las realizadas en noviembre del año pasado en ciudades como Cali, Bogotá, Barcelona (España) y Washington D.C. (EE.UU.), así como en municipios del litoral caucano y nariñense, entre ellos, Guapi y Olaya Herrera.
Uno de los pendientes para este 2024, comenta Bodensiek, es llevar a cabo otra audiencia pública, contemplada para el próximo 18 de abril, una iniciativa que fue impulsada por la senadora Piedad Córdoba —fallecida en enero de este año—, quien había alertado sobre los peligros derivados de un proyecto militar con la participación de EE.UU.
Presión en el Congreso
En el Congreso de la República, mientras tanto, se ha logrado articular una bancada de legisladores en defensa de la isla, algunos de ellos incluso afines a la coalición gobernante, que demandan la revisión a fondo de los términos del proyecto y, en caso de resultar insostenible, su revocación.
Pachón destaca que las organizaciones sociales han sido capaces de convocar a sectores muy diversos de la sociedad, entre ellos, ambientalistas, operadores de servicios ecoturísticos, asociaciones de buzos, así como las comunidades científica y académica.
De cara a la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP16), a realizarse a finales de este año en Cali (Valle del Cauca), Pachón revela que su objetivo será poner de manifiesto, ante el mundo, que una de las joyas más preciadas del patrimonio natural de Colombia se encuentra en un serio predicamento.
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