Más allá del Catatumbo: Las cifras que deja la violencia armada en Colombia

La conflictiva región colombiana del Catatumbo ha dejado graves cifras de violencia en el primer mes de 2025, especialmente luego de que se agravaran los enfrentamientos armados entre las llamadas disidencias de las extintas FARC-EP, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y organizaciones narcoparamilitares que operan en la zona al oriente del país.

Esta situación ha dejado datos alarmantes, que incluyen el desplazamiento forzado de más de 52.000 personas, el confinamiento de otras 32.000 y la muerte de al menos 52 víctimas que han quedado en medio del fuego cruzado, cuestión que va incluso más allá del Catatumbo y muestra la fuerza de la violencia letal en gran parte del país.

De acuerdo con los datos registrados hasta la fecha por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la violencia armada en Colombia ha dejado un saldo en enero de 2025 de nueve masacres, la mayor parte de ellas en el Norte de Santander, donde ocurre el conflicto del Catatumbo, pero también en otros departamentos como Antioquia y La Guajira, donde se ejecutaron las últimas dos.

La más reciente de estas masacres ocurrió el 28 de enero en el corregimiento Cuestecitas, zona rural del municipio de Albania de La Guajira. Allí fueron asesinadas tres personas con arma de fuego cerca de las 7:00 de la noche. En el hecho quedaron heridas otras dos personas y las víctimas fueron identificadas como Iván De Armas, Ángel Mendoza y Eduar Ojeda.

Tres días antes, el 25 de enero, se produjo el asesinato múltiple de otras tres personas en la vereda La Loma del corregimiento de Ochalí, en el municipio de Yarumal de Antioquia. Entre las víctimas se encontraron dos mujeres que había sido reportadas como secuestradas, además de un hombre.

Los cuerpos fueron identificados como Alba Vera, Olga Moreno y Jaiber Chavarría. En el sitio se encontraron otros dos cadáveres de hombres que según el grupo narcoparamilitar 'Clan del Golfo', citado por Indepaz, formaban parte de sus filas.

Masacre como detonante

La violencia armada en el Catatumbo detonó luego que el 15 de enero se registrara una masacre, que para entonces se contabilizó como la segunda del 2025, contra el grupo familiar integrado por el trabajador funerario Miguel Ángel López, su esposa, Zulay Durán Pacheco y el hijo de ambos, Miguel Herney, que apenas tenía seis meses de nacido.

La familia fue interceptada por hombres armados que sin mediar palabras les dispararon hasta causarles la muerte en Norte de Santander, cuando se dirigían hacia la ciudad de Cúcuta.

En medio de esto el Gobierno de Gustavo Petro culpó al ELN de cometer "crímenes de guerra", cuestión que rechazó el grupo guerrillero, que inmediatamente se desvinculó del hecho y responsabilizó por la masacre al Frente 33 de las extintas FARC.

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Luego de ese hecho, cuando los combates ya dejaban unos 10.000 desplazados y más de 30 fallecidos, la crisis humanitaria sólo se ha recrudecido de manera preocupante, al punto que el presidente Petro tomó la decisión de declarar la emergencia para la región.

Según cifras de Indepaz, la violencia que impacta con más gravedad el Catatumbo, se ha dirigido especialmente contra líderes sociales y firmantes del proceso de paz que se encuentran en reinserción a la sociedad.

Las cifras mortales incluyen los asesinatos de 12 líderes sociales, entre ellos, campesinos, políticos, indígenas, religiosos, sindicalistas, comunitarios, culturales, quienes fueron ejecutados en ocho departamentos: Putumayo, Risaralda, Magdalena, Quindío, Norte de Santander, Valle del Cauca, Atlántico y Chocó.

De igual forma, han sido asesinados nueve firmantes de paz, seis de ellos en el Norte de Santander, como parte del conflicto que persiste en Catatumbo. Los otros fueron atacados en los departamentos de Huila y Caquetá.

Alertas en casi todo el país

Mientras la crisis persiste en Catatumbo, como lo informó el jueves el procurador delegado para los Derechos Humanos de Colombia, Javier Sarmiento, la Defensoría del Pueblo ha emitido múltiples alertas de eventos graves para casi todo el país.

Las alarmas se han dado especialmente en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca, debido a la fragmentación del Estado Mayor Central (EMC) de las llamadas disidencias de las extintas FARC-EP que se encuentran bajo el mando de alias 'Calarcá Córdoba', por un lado, y por el otro, bajo las órdenes de alias 'Iván Mordisco'.

La Defensoría alerta que el conflicto interno ha generado el incremento de delitos graves como el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, especialmente indígenas; los confinamientos y desplazamientos forzados; amenazas y homicidios contra liderazgos sociales y comunitarios; entre otros.

Así mismo, la Defensoría denunció el recrudecimiento de la violencia por prejuicio contra personas por sus preferencias de identidad sexual, al señalar que tan solo en enero de 2025, "se han registrado al menos 13 asesinatos con extrema sevicia y crueldad".

"De los 13 asesinatos por prejuicio, los departamentos de ocurrencia son: Antioquia (5), Valle del Cauca (2), Bolívar (1), Cundinamarca (1), Norte de Santander (1), Quindío (1) y Santander (1). Las víctimas incluyen: cuatro mujeres transgénero, una mujer lesbiana, dos hombres transgénero, seis hombres homosexuales y una persona cuya identidad de género está por establecerse", detalló el organismo.

¿Catatumbo como bisagra para la paz?

A mediados de semana, más de 100 líderes sociales y campesinos que huyeron de la violencia armada en el Catatumbo, llegaron a Bogotá para proponerle al presidente Petro que no ejecute una intervención militar en sus tierras debido a que esa acción sólo agudizaría el conflicto y generaría más salvajismo.

Los voceros comunales del Catatumbo, que se instalaron en la Plaza de Bolívar de Bogotá, la capital colombiana, pudieron conversar con el viceministro de Interior, Gustavo García, con quien acordaron su retorno inmediato a Cúcuta, en el Norte de Santander, para efectuar un encuentro este sábado.

Los líderes comunitarios que se trasladaron a Bogotá proponen al Ejecutivo invertir en la región y presentar alternativas a los cultivos de coca que les permita cambiar su modelo económico de sustento y así lograr que el Catatumbo se convierta en "la capital de la paz". Además, piden al Gobierno terminar con el abandono estatal de décadas que, desde su punto de vista, acentuó la violencia y desembocó en la crisis actual que ellos mismos advirtieron.

Wilmer Torrado, presidente de la Junta de Acción Comunal del municipio El Tarra del Norte de Santander, dijo a Revista Alternativa dijo que la violencia se puede agudizar aún más en el Catatumbo con la entrada de las Fuerzas Militares para enfrentar al ELN y las disidencias FARC. "Estos enfrentamientos lo que causan es riesgo para la comunidad, para el pueblo campesino que está en medio de estas confrontaciones".

Por ello, Torrado exigió al Gobierno de Petro, en nombre de los campesinos, "que antes de actuar de una forma militar, sería más importante y más significativo" que el Ejecutivo iniciara "una intervención social integral" en el territorio, para hacer del Catatumbo, una región de desarrollo sin violencia.

"Yo creo que el gobierno se equivocó en querer firmar la paz de papel y no resolver las necesidades y las peticiones de cada uno de los campesinos en la región del Catatumbo", agregó Torrado, quien dijo que con cada día que pasa pierden la esperanza de la paz, porque en varias ocasiones advirtieron al Gobierno la situación que ahora "es una triste realidad".

Panorama poco alentador

Mientras tanto, el procurador Sarmiento señala que la situación del Catatumbo muestra un panorama que "no es alentador", sobre todo si "persisten esas confrontaciones".

Por ello, llamó a las autoridades locales y departamentales a que agilicen los procesos de suministro y entregas de ayudas a la población civil que están en albergues y en condiciones de vulnerabilidad.

El funcionario señaló que la agravada situación del Catatumbo perjudica especialmente a niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, que de no llegar las ayudas destinadas para su atención y al no proveerles las autoridades los recursos básicos de vida, como baños, lavamanos, entre otros enseres, podrían estar en riesgo de ser revictimizadas por los entes públicos.

Sarmiento explicó que aún "es muy prematuro" hablar de un retorno de los desplazados a sus zonas de origen, debido a que todavía "las condiciones de seguridad no están dadas".

Además, recordó que el Catatumbo es una de las regiones con mayor cantidad de minas antipersonales colocadas por los distintos grupos armados desde hace décadas.

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A esto se suma el hecho de que las autoridades tienen tiempo sin realizar labores de desminado, ni las de tipo militar ni las de carácter humanitario, dijo el funcionario.

Agregó que la situación es "preocupante", porque en el hipotético caso de que culminen los enfrentamientos y se avance hacia un retorno, los pobladores tendrían que pasar primero por proceso de reeducación sobre el riesgo de las minas en sus zonas, y en paralelo, que se den las condiciones de seguridad necesarias para efectuar un desminado sin riesgo para la vida de los desplazados.

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