El Ministerio Público de Bolivia solicitó este jueves tres meses de detención preventiva para el expresidente Luis Arce (2020-2025), quien fue detenido el miércoles y es acusado por la presunta comisión de dos delitos.
Según el documento de imputación, al que tuvo acceso el medio boliviano El Deber, la Fiscalía justificó su petición alegando riesgos de fuga y de obstaculización de la investigación; además, señaló que existen suficientes indicios de participación del exmandatario en decisiones que derivaron en el desvío irregular de recursos públicos.
La entidad pide, además, que Arce sea enviado por tres meses al penal de Qhalauma, en Viacha, en la provincia de Ingavi, departamento de La Paz. Tras su detención, el exmandatario, y también exministro de Economía, fue llevado a las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).
Por otro lado, la audiencia de medidas cautelares aún está pendiente de fecha y horario, recoge ATB.
¿De qué se le acusa?
El expresidente fue arrestado como parte de una investigación sobre el presunto desfalco al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc). La Fiscalía General del Estado lo acusa de incurrir presuntamente en los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Se trata de un caso centrado en la etapa de Arce como ministro de Economía y Finanzas. Se le acusa de haber permitido el desembolso de dinero del Fondioc a cuentas personales. Según la parte denunciante, el exgobernante aprobó una serie de transferencias irregulares a través del fondo, que le costaron 200 millones de dólares al Estado boliviano.
La Contraloría General del Estado detectó proyectos fantasmas e inexistencia de documentación en el Fondioc, en una trama por la cual también fue detenida la exdiputada Lidia Patty Mullisaca.
En principio, la información sobre su detención fue dada a conocer por la exministra de la Presidencia durante su mandato, María Nela Prada. La exfuncionaria denunció que Arce fue "secuestrado de manera totalmente ilegal" en la zona de Sopocachi, un barrio ubicado al oeste de la urbe; además, señaló irregularidades en el proceso y dijo que este podría tener "motivaciones políticas".
