Este jueves se aprobó en el Senado de Argentina la reforma de la Ley de Glaciares (2010), en medio de las tensiones que ha generado la intención del oficialismo de redefinir conceptos de áreas protegidas para atraer inversiones en el sector minero, lo que ha sido fuertemente criticado por defensores ambientales que consideran que pone en riesgo la biodiversidad y el acceso al agua.
Con 40 votos afirmativos, 31 negativos y una abstención, la propuesta obtuvo media sanción en el anteúltimo día del período de sesiones extraordinarias convocado por el Poder Ejecutivo, y ahora pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento durante el período ordinario, que se abre el 1 de marzo.
El proyecto, enviado al Congreso por el Ejecutivo, tiene como objetivo "ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional", según un comunicado de la Oficina del Presidente.
El mandatario argentino, Javier Milei, sostiene que la Ley de Glaciares tiene "graves falencias interpretativas" que supuestamente "generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones productivas y afectaron el legítimo ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales".
Por ello, uno de los puntos más polémicos de esta modificación legislativa se relaciona con la posibilidad de cederle a las provincias la potestad de definir de forma autónoma cuáles serían las zonas donde se puede llevar a cabo actividades de minería, según Econojournal.
Los glaciares y periglaciares
En su escrito dirigido al Congreso, Milei consideró que bajo el nuevo reglamento se protegerá a "los glaciares que cumplen una función hídrica efectiva", lo que ha causado duras críticas de los sectores ambientalistas.
Uno de los artículos controvertidos del proyecto de reforma es el tercero. Allí se establece que en el Inventario Nacional de Glaciares solo estarán los que "cumplan con las funciones de reserva estratégica de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas", lo que redefine el alcance de su protección por parte del Estado, conforme a Chequeado.
Según el texto, si se constata que los glaciares o geoformas periglaciares que estén en el Inventario Nacional no cumplen con lo establecido en el artículo tercero, no podrán estar sujetos a ser protegidos.
Las voces en contra
Sobre este punto, organizaciones como Panda desaconsejan "cualquier modificación que reduzca los niveles de protección establecidos por la normativa vigente", puesto que consideran que esos "estándares constituyen un resguardo crítico frente a la pérdida de reservas hídricas estratégicas y a la degradación de los ecosistemas de alta montaña".
Una de las voces en contra en el Congreso es la del senador por la provincia de La Pampa, Daniel Pablo Bensusán, quien afirma que las modificaciones propuestas "perjudican muchísimo el agua, un bien tan fundamental", tanto en zonas con glaciares como en el resto del país, refiere Página 12.
En su punto de vista, la potestad que se le daría a las autoridades locales para decidir sobre la protección o no de los glaciares le abre la puerta a la megaexplotación minera en zonas que prohíbe la ley actual.
"Con esta ley se va a afectar el agua potable que nutre el país. Ya sabemos cómo es cuando las provincias toman decisiones autónomas", agregó el senador opositor.
En esta jornada, la organización ecologista internacional Greenpeace protestó a las afueras del Congreso para expresar su rechazo a la reforma. Activistas de esa plataforma se sentaron sobre inodoros puestos en las escaleras de la sede del Legislativo y exhibieron pancartas que decían: "Senadores: No se caguen en el agua".
Para esa organización, "la protección de los glaciares no es una consigna, es una decisión estratégica y una política de Estado sobre el agua que necesita la Argentina en las próximas décadas".
