La unidad del Ministerio de Exteriores del Reino Unido que monitoreaba las posibles violaciones del derecho internacional por parte de Israel en la Franja de Gaza y el Líbano ha cerrado debido a los recortes presupuestarios, informó esta semana The Guardian.
Esta medida también implica el fin de la financiación del Proyecto de Monitoreo de Conflictos y Seguridad, gestionado por el Centro para la Resiliencia de la Información, el único programa del Reino Unido que analiza incidentes de derechos humanos en Israel y los territorios ocupados.
Cabe señalar que el centro había estado llevando a cabo diversas labores para el Ministerio de Exteriores, incluyendo el mayor sistema de monitoreo de incidentes de código abierto del mundo en Israel, Palestina y el Líbano.
Este cierre forma parte de un recorte en la financiación del equipo de prevención de conflictos y atrocidades, que ha sido fundamental para alertar al Ministerio de Exteriores sobre posibles atrocidades, incluso en Sudán.
"Ocultar violaciones y crímenes inimaginables"
Se ha advertido a los funcionarios que esta medida implicará que el Ministerio de Exteriores pierda el acceso a una base de datos con 26.000 incidentes verificados en Oriente Medio, que contiene información de casos desde el 7 de octubre de 2023.
Dicha base de datos también se utiliza para ayudar a decidir si las licencias de control de exportación de armas a Israel deben permanecer suspendidas, y ayuda a los funcionarios a determinar si se están infringiendo normas del derecho internacional humanitario, como el principio de proporcionalidad.
Yasmine Ahmed, directora de Human Rights Watch en el Reino Unido, condenó que el Gobierno optara por recortar esta unidad en un momento en que se siguen cometiendo "violaciones significativas del derecho internacional y crímenes atroces en todo el mundo".
"Esto me hace cuestionar hasta qué punto este Gobierno está cumpliendo con sus obligaciones en virtud de los criterios de exportación de armas y del tratado sobre el comercio de armas, así como con las obligaciones que debería cumplir en virtud de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio", agregó
Por su parte, Katie Fallon, responsable de incidencia política de la Campaña contra el Comercio de Armas, señaló que el cierre de la unidad de DIH protegería a ministros y altos funcionarios de Cancillería "que saben que han estado manipulando los datos sobre posibles violaciones del DIH, más allá de toda interpretación lógica, para ocultar violaciones y crímenes inimaginables cometidos contra las personas más vulnerables en conflictos y mantener la venta de armas a cualquier precio".