Polonia apeló la sentencia de un tribunal de Bruselas que le ordenó recibir 64 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 desarrollada por Pfizer. Varsovia había rechazado esas entregas en el marco del controvertido acuerdo de compra de vacunas negociado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, conocido como 'Pfizergate'.
El Gobierno polaco dejó de aceptar entregas de vacunas del gigante farmacéutico estadounidense en 2022, alegando el desplome de la demanda y el impacto del conflicto en Ucrania. Sin embargo, la compañía demandó al país europeo al año siguiente y, en abril de este año, la Justicia belga dictaminó que Varsovia seguía obligada por contrato. Además, le ordenó pagar aproximadamente 1.300 millones de euros por las dosis no recibidas.
Quién es Ursula von der Leyen, la jefa europea envuelta en escándalos y polémicas
El Ministerio de Sanidad polaco defendió la decisión de apelar el fallo del tribunal de primera instancia sosteniendo que "no tiene en cuenta todas las circunstancias fácticas y jurídicas relevantes del caso". También pidió a los jueces que suspendan la ejecución de la sentencia mientras se tramita la apelación y afirmó que el país "utilizará todos los medios legales de defensa", sin ofrecer más detalles.
Por su parte, Pfizer respaldó la sentencia, que —según declaró un representante a Politico— refleja "la importancia de las obligaciones contractuales que sustentaron una respuesta europea exitosa a la pandemia, basada en el principio de solidaridad entre los Estados miembros".
¿De qué trata el escándalo 'Pfizergate' que sacudió a la UE?
A principios de 2021, la UE llegó a un acuerdo por 35.000 millones de euros para comprar a Pfizer 1.800 millones de dosis de vacunas contra el covid-19. Posteriormente, se supo que durante las negociaciones Von der Leyen había intercambiado mensajes de texto con el director ejecutivo de la empresa, Albert Bourla, por lo que se instó a la alta funcionaria a difundir el contenido de esas conversaciones.
No obstante, la Comisión Europea primero se negó a hacer públicos los mensajes y luego aseguró que fueron destruidos o se perdieron, después de concluir que no eran importantes y que no había obligación de conservarlos.


