La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró este miércoles que su gestión trabaja junto a "autoridades estadounidenses" para ponerle fin al régimen de sanciones que pesa sobre el país desde hace más de una década, paso que ella estima necesario para que se celebren elecciones.
"Seguimos trabajando con las autoridades [estadounidenses] para que, definitivamente, se levante el sistema de sanciones y Venezuela, la economía venezolana y el desarrollo social puedan darse sin ninguna dificultad", sostuvo la mandataria al ser preguntada por la prensa sobre la eventual fecha en la que tendrán lugar los próximos comicios presidenciales.
En ese contexto, enfatizó que "en Venezuela hay una Constitución y hay un sistema electoral democrático". Y si bien llamó a recordar que no es ella quien puede establecer una fecha, desde que asumió el cargo en enero pasado ha trabajado "sin descanso" para allanar el camino en esa dirección, puesto que con su "intolerancia", "el extremismo" opositor creó unas condiciones que no permitieron que las diferencias políticas se dirimieran en las urnas.
"He trabajado sin descanso para que Venezuela esté lista y preparada, para cuando corresponda ir a su proceso electoral, que lo habrá, no tengas duda de eso: habrá proceso electoral, pero en las condiciones en las que Venezuela esté preparada", redondeó.
Esta jornada, el presidente estadounidense, Donald Trump, fue consultado sobre el mismo tema por los medios de comunicación y su posición concordó con la expuesta por Rodríguez: "Simplemente, no están listos todavía […]. Nos llevamos muy bien con el Gobierno [encargado]. Delcy [Rodríguez], como saben, está haciendo un muy buen trabajo, muy respetado. Queremos eso —elecciones—, ellos también quieren eso, Delcy lo quiere, pero aún no están listos", consideró.
Aunque Trump no se ha referido directamente al sistema coercitivo que pesa sobre la nación bolivariana, sí ha tomado determinaciones en la materia. El 9 de enero de 2026, poco después de haber ordenado el bombardeo de la Gran Caracas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, firmó una orden ejecutiva con la que el Tesoro estadounidense se garantiza el manejo de los ingresos derivados del negocio petrolero venezolano. Asimismo, en febrero pasado renovó por un año más las sanciones contra Caracas y en lugar de levantarlas, ha optado por una política de licencias que autoriza a compañías –principalmente de EE.UU.– a operar limitadamente en Venezuela.