El excandidato presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro, provocó un escándalo al fugarse a EE.UU. el 28 de octubre para evadir a la justicia de su país después de haber perdido la elección frente a Luiz Inácio Lula da Silva.
Pero no ha sido el único, ya que EE.UU. ha recibido y protegido a otros políticos latinoamericanos que fueron acusados de diferentes delitos en sus países y que, en lugar de enfrentar a la justicia, decidieron escapar y lograron permanecer impunes.
Entre ellos se encuentra Eduardo Bolsonaro, el hermano de Flávio que en 2025 huyó a EE.UU., cuando era investigado por su participación en el intento de golpe de Estado que su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, lideró en enero de 2023 contra Lula.
En junio de 2026, el Supremo Tribunal Federal (STF) condenó a Eduardo Bolsonaro a cuatro años y dos meses de cárcel por haber cometido el delito de "coacción", ya que trató de boicotear el juicio por golpismo contra su padre, pero aún mantiene la protección del Gobierno de Donald Trump, por lo que no se prevé que sea extraditado a su país natal. Por el contrario, ahora se le unirá su hermano, quien el 28 de octubre aterrizó en Miami.
Prófugos mexicanos
Uno de los casos más polémicos fue el del excandidato presidencial conservador Ricardo Anaya, quien se fugó a EE.UU. en 2021, luego de que la Fiscalía General de la República mexicana lo acusara de haber recibido millonarios sobornos y le imputó los delitos de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.
Anaya volvió a México en 2024 y, como los procesos judiciales en su contra no habían avanzado y no lo inhabilitaban, pudo registrarse como candidato al Senado. Al ganar la curul, automáticamente obtuvo fueros legales que impiden su detención hasta 2030 o un periodo más largo si ese año consigue un nuevo cargo que lo blinde judicialmente.
Otro político que goza de la protección de EE.UU. es Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el exgobernador del estado de Tamaulipas que huyó a EE.UU. en 2022, al terminar su mandato, en medio de las investigaciones que había en su contra por presunta complicidad con el narcotráfico.
En febrero de 2026, la Suprema Corte de Justicia ratificó una orden de aprehensión del político conservador por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, pero el exgobernador sigue en libertad en Texas gracias a que goza de la doble nacionalidad mexicana y estadounidense.
El exjuez José Ulises Bernabé, quien está involucrado en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotizapana ocurrida en 2014 en el estado mexicano de Guerrero, también está amparado por EE.UU., en donde obtuvo asilo pese a los constantes reclamos de extradición que incluso han sido ratificados por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Acusados bolivianos
Un caso que tuvo amplia repercusión fue el del expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), quien aprovechó que tenía la nacionalidad estadounidense para huir en 2003 a ese país, donde radica desde entonces a pesar de que diferentes gobiernos bolivianos han exigido su extradición.
Sánchez de Lozada sigue libre a pesar, incluso, de que tuvo que enfrentar un juicio en EE.UU. en el que fue hallado responsable de violaciones a derechos humanos cuando gobernó Bolivia. La condena fue una millonaria indemnización a las familias de las víctimas.
En Bolivia, las causas en su contra siguieron adelante y a fines de 2024 el Tribunal Supremo de Justicia lo condenó a seis años y tres meses de cárcel por corrupción, lo que puso fin a un juicio que duró dos décadas, pero ello no impidió que siguiera protegido en EE.UU.
De la misma impunidad goza su exministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, quien huyó a EE.UU. en 2003, después de ser imputado por delitos de lesa humanidad cometidos durante las represiones a manifestantes registradas ese año en El Alto y La Paz, que dejaron un saldo de 60 muertos.
Desde entonces, el exfuncionario, que también tuvo que indemnizar a las víctimas, jamás volvió al país y se quedó a radicar en Miami, en donde dirige el Interamerican Institute for Democracy, una organización de 'lobby' de la ultraderecha latinoamericana.