Un grupo de pescadores de Ecuador presentó una demanda contra EE.UU. por un presunto ataque con drones militares contra su embarcación en aguas internacionales del océano Pacífico. La acción judicial, presentada ante un tribunal federal de Pensilvania, reclama una indemnización de cinco millones de dólares por la destrucción del barco y las lesiones sufridas por sus ocupantes. Según Primicias, que tuvo acceso al expediente, uno de los tripulantes sufrió heridas de extrema gravedad: "La pierna quedó calcinada hasta el hueso", señala el documento judicial.
Los hechos denunciados ocurrieron el 17 de marzo de 2026, cuando la embarcación pesquera 'La Negra Francisca Duarte II' navegaba a unas 385 millas náuticas de Manta, frente a las costas ecuatorianas. De acuerdo con la demanda, dos drones militares estadounidenses sobrevolaron el barco y dispararon proyectiles explosivos que impactaron contra su estructura, provocando un incendio que terminó destruyéndolo.
Dos marineros, Jordy Alexander Flores Lucas y Leonel Alberto Pilay Barahona, sufrieron graves quemaduras en distintas partes del cuerpo. El expediente describe que Flores Lucas tenía una pierna calcinada hasta el hueso y sangraba abundantemente mientras permanecía sobre la embarcación en llamas. Ante el avance del fuego, los 16 ocupantes se arrojaron al océano y lograron subir a pequeñas lanchas auxiliares para escapar.
Los sobrevivientes relataron que posteriormente se acercaron a un buque militar estadounidense, donde fueron recibidos por hombres armados. Según su testimonio, los mantuvieron esposados con precintos plásticos, encapuchados y descalzos sobre una cubierta metálica caliente, sin alimentos y con apenas medio litro de agua por persona durante una jornada. Uno de los heridos recibió atención médica básica a bordo.
El 18 de marzo, los pescadores fueron trasladados a una embarcación salvadoreña que los condujo hacia Centroamérica. Catorce de ellos terminaron en un albergue migratorio, mientras que los dos lesionados fueron hospitalizados. El grupo regresó a Ecuador a finales de ese mes. Los demandantes sostienen que habían salido de Manta para realizar tareas de pesca artesanal y que, horas antes del ataque, la Armada ecuatoriana había inspeccionado el barco sin detectar irregularidades.
La demanda, presentada por los 16 tripulantes y el propietario de la nave, Alejandro Hermógenes Flores Franco, incluye acusaciones por agresión, privación ilegítima de la libertad, daños materiales y sufrimiento emocional. Además de la compensación económica, solicitan una orden judicial para impedir nuevos ataques contra embarcaciones civiles. El caso quedó asignado a la jueza federal Marilyn J. Horan, mientras que el Gobierno estadounidense dispone de un plazo de 60 días para responder a las acusaciones, según el expediente citado por el medio ecuatoriano.