El gobernador de Alabama firmó la ley de inmigración más dura de EE. UU.
El gobernador republicano de Alabama, Robert Bentley, firmó la ley antiinmigrante más estricta del país. Se trata de la ley HB56 que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre y es considerada aún más dura que la polémica ley SB1070 de Arizona.
El proyecto fue promovido por dos legisladores republicanos, Micky Hammon y Scott Beason, y a principios de junio fue aprobado por la Cámara de Representantes por 67 votos a favor y 29 en contra, mientras el Senado lo hizo con 25 a favor y siete en contra.
Detalles de la ley
La norma, conocida como la Ley de Traspaso de Indocumentado, autoriza a la policía de Alabama no solo a exigir los papeles que confirmen la legalidad de la estancia de las personas que han cometido delitos menores (como, por ejemplo, una infracción de tráfico), sino también detener a cualquier persona si se tiene una "sospecha razonable" de que esa persona está de manera irregular en el país.
La nueva medida demanda que las escuelas públicas verifiquen el estatus migratorio de sus estudiantes y niega el acceso a la educación superior a inmigrantes indocumentados.
La norma obliga a las empresas de Alabama a utilizar el programa federal E-Verify para verificar el estatus migratorio de sus empleados y declarar la residencia de sus nuevos empleados, y penaliza a los negocios que contratan a los que carecen de documentos.
La ley HB56 convierte en delito el transporte o albergue de inmigrantes indocumentados, lo que afecta a miles de personas de estatus legal que tienen familiares sin papeles. A su vez, no llevar consigo los documentos de identificación también será un delito estatal.
Defensores de derechos humanos protestan contra la medida
Varias organizaciones de derechos civiles y de inmigrantes ya han expresado su protesta contra la más dura iniciativa contra los expatriados que viven en EE. UU.
La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) y el Centro Sureño Legal contra la Pobreza (SPLC) declararon que la ley de Alabama viola la Constitución y manifestaron su intención de presentar una demanda para bloquear la entrada en vigor de la norma.
"La ley regula todos los aspectos de la vida de las personas en Alabama, desde cerrar los colegios a los niños, hasta impedir el derecho de alquiler de vivienda, ganar un sueldo o ejercer el derecho constitucional al voto", afirmó Cecillia Wang, directora de ACLU.
A su vez Mary Bauer, directora legal del Centro Sureño Legal contra la Pobreza (SPLC), aseveró que "esta ley, firmada hoy por el gobernador Bentley, va mucho más lejos que la controvertida ley [de Arizona]. Vamos a entablar un litigio para desafiarla y esa es la postura de otras organizaciones". Según la activista, la organización califica la medida como "inconstitucional", "racista" y "malintencionada".
Varios analistas también condenan la nueva medida. El experto de RT, profesor Raúl Hinojosa opina que, tras la promulgación de esta ley severa, EE. UU. no podrá atraer la cantidad de inmigrantes que necesita la economía del país.
"Creo que [el partido republicano] va a causar una división dentro de su base entre los antiinmigrantes, populistas y personas de negocios que al final de cuentas las economías de estos estados [Arizona, Georgia, Alabama] van a sufrir, cuando no van a poder atraer allí inmigrantes que cada estado necesita para su futuro económico", comentó Hinojosa.
México condena la promulgación de la ley
El Gobierno de Felipe Calderón señaló en un comunicado que lamenta la promulgación de la ley que "afecta potencialmente los derechos humanos y civiles de los mexicanos que habitan o visitan esa entidad".
El comunicado expresó que los autores de la ley y los que la apoyaron no tomaron en cuenta "las numerosas contribuciones de la comunidad inmigrante a la economía" de EE. UU. y adelantó que el Gobierno mexicano analizará el posible apoyo legal a los mexicanos que pudieran resultar afectados.
En Alabama residen entre 50.000 y 70.000 inmigrantes indocumentados y la mayoría de ellos son provenientes de México. Según los datos de la Oficina del Censo de EE. UU., la población de origen mexicano se duplicó en el país en la última década hasta alcanzar los 31,8 millones, cifra que equivale al 63% de los latinoamericanos en el país.