Un niño de 5 años en el foco del conflicto lingüístico en Cataluña: ¿derecho de los alumnos o arma ideológica?

Un menor de tan solo cinco años se encuentra durante los últimos días en el foco del conflicto lingüístico que se vive en Cataluña. A las puertas de su colegio se han convocado manifestaciones que unos defienden como libertad de expresión y otros como un señalamiento a un niño y a su familia.

Sus padres presentaron una demanda ante la Justicia para solicitar que se cumpla la ratio estipulada por los tribunales del 25 % de las clases lectivas impartidas en castellano frente a la oposición del equipo directivo del centro escolar, que cuenta con el apoyo de la Administración catalana.

Lo que en un principio era un enfrentamiento entre administraciones, entre el Gobierno de España y el ejecutivo autonómico catalán, que debía ser dirimido en los tribunales, se ha convertido en un arma arrojadiza ideológica. Los partidos nacionales del espectro de la derecha lo esgrimen como muestra de la intolerancia hacia los hispanoparlantes en Cataluña, mientras que el sector independentista catalán lo vive como el enésimo agravio hacia el autogobierno y la cultura catalana.

Una escuela en el centro de la polémica

La escuela el Turó del Drac de Canet de Mar, un municipio de poco más de 14.000 habitantes en la provincia de Barcelona, se ha convertido en el foco geográfico de la tormenta, debido a que es aquí donde se encuentra matriculado el menor que ha originado esta polémica.

Hasta allí se desplazó este jueves el Consejero de Educación del Gobierno catalán, Josep Gonzàlez-Cambray, "para apoyar a la dirección del centro que es a quien interpelan las medidas cautelares del TSJC [Tribunal Superior de Justicia de Cataluña]", según declaró a las puertas del colegio.

En ese mismo punto, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, SEPC) y la formación política Candidatura d'Unitat Popular (CUP) han convocado este viernes a las 16:30 de la tarde, la hora de salida de los alumnos, una protesta por la imposición del 25 % de castellano en la escuela.

La decisión judicial se interpreta en este ámbito como un ataque al modelo de inmersión lingüista catalán, en práctica desde hace décadas, y que aseguran que es la única vía para mantener vivo un idioma ante el empuje del español.

Aval de los tribunales

El conflicto en los juzgados viene de lejos aunque las sentencias de los tribunales son recientes. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó al Gobierno catalán garantizar que el castellano fuera la lengua vehicular para impartir al menos el 25 % de las materias, mientras que el Ejecutivo catalán recurrió esta sentencia.

Finalmente, el pasado mes de noviembre, el Tribunal Supremo no admitió a trámite este recurso de casación y avaló que todos los centros educativos de Cataluña deben impartir al menos un 25 % de sus clases en español, que básicamente corresponde a la asignatura de lengua española y una o dos materias más, mientras que los consejeros de Educación y Cultura de la Generalitat de Cataluña denuncian "un nuevo ataque frontal de los jueces al sistema educativo catalán".

Gonzàlez-Cambray criticó que "sea un juez quien determine de forma arbitraria el porcentaje de horas que son necesarias para aprender una lengua", al considerarlo "una anomalía y un menosprecio a los profesionales de la educación".

En este caso, se concreta en que el aula de segundo de infantil a la que asiste el menor de la familia que denunció tomarán las clases en castellano entre las tres y las cinco de la tarde más otras dos horas semanales.

Las críticas no solo han venido de ámbitos políticos, sino también de otras familias que ven afectadas las clases de sus hijos para adaptarse a las demandas de una sola familia, según argumentan.

La postura de la Generalitat

La portavoz de la Generalitat de Cataluña, Patrícia Plaja, señaló el pasado 7 de diciembre en rueda de prensa que se trataba de "una vulneración flagrante al derecho de la mayoría de las familias y los alumnos del centro", y añadió "que un solo alumno obligue a cambiar la lengua al resto es, por lo menos, sorprendente".

En un sentido similar se expresó la secretaria general de Educación, Patrícia Gomà, que el pasado miércoles se reunió con la dirección del colegio y con padres que protestan por la decisión judicial. "Encontramos positiva la reacción del resto de las familias", valoró entonces.

Para Gonzàlez-Cambray "no hay un problema con las lenguas y el juez ha tomado la decisión sin tener en cuenta la realidad lingüística", ya que considera que el catalán es una lengua amenazada. Además, defiende las manifestaciones a las puertas del colegio y que "cada uno se exprese y manifieste en la línea que considere oportuna".

Un menor acosado

En medio se encuentra un niño de cinco años y su familia, que han pedido a la Justicia que garanticen su seguridad e intimidad. Este de Canet de Mar no es el primer caso en que una familia recurre a los tribunales para la aplicación del 25 %, pero sí es la primera desde el auto de noviembre que hace firme la sentencia. Según el consejero de Educación catalán, "desde 2005 solo 80 familias han pedido la escolarización en castellano".

Desde que se conociera la última sentencia judicial se han estado vertiendo mensajes contra esta familia. En un primer momento la oleada llegó por las redes sociales, donde destacó el mensaje de un exprofesor de gastronomía en la Escuela de Turismo y Dirección Hotelera de la Universidad Autónoma de Barcelona, Jaume Fàbrega, que pronto se hizo viral.

"¡Me apunto a ir a apedrear la casa de este niño! Que se vayan fuera de Cataluña. No queremos supremacistas castellanos que nos odien", decía la publicación, que ha sido enormemente criticada. Fábrega retiró el comentario y ha matizado posteriormente sus palabras, afirmando que se trataba de una "expresión imaginaria", pero que se ha entendido en "sentido literal" por lo que "pide disculpas a todas las personas que se hayan sentido ofendidas".

Este comentario ha sido el más conocido, pero ni mucho menos el único vertido en las redes. Además, al parecer también existiría un grupo de WhatsApp creado por varias familias de la escuela el Turó del Drac contrarias al nuevo régimen lingüístico, en el que, según los padres afectados, se habría pedido al centro la identificación del menor, su expulsión o que se le hiciese el vacío en clase.

En este escenario, este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado al consejero de Educación de la Generalitat y a la dirección del centro que adopten "las medidas necesarias para preservar la protección e intimidad" del menor afectado y su familia.

¿Un problema lingüístico o una polémica para alimentar posturas ideológicas?

Tan solo unos días después de que se conociera la decisión del Tribunal Supremo, el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo, órgano consultivo del Departamento de Educación, publicó un estudio que recoge que los adolescentes de 4º de la ESO (16 años) hablan más castellano que catalán.

La encuesta, realizada entre 3.205 alumnos de 55 centros educativos, muestra que un 35 % de los estudiantes desearía que el catalán se hablara más, frente a un 16 % que le gustaría que se hablara menos. Además, descienden los jóvenes que se sienten identificados con el catalán: en 2006 la sentían como propia el 36,5 %, mientras que en 2021 el porcentaje se reduce al 27 %.

Esta realidad, que parece más una materia de estudio para lingüistas centrados en asegurar la competencia en ambos idiomas de toda la población y su derecho a expresarse y ser atendido en la lengua de su elección, se ha convertido en una pugna más en el marco político.

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Desde Cataluña un amplio sector de la ciudadanía tiene la percepción de que la oposición a la identidad catalana da votos a algunos partidos nacionales. Por poner un ejemplo, el conservador Partido Popular ha recurrido en los tribunales reiteradamente las normativas catalanas.

El caso más paradigmático fue la impugnación en 2010 del Estatuto catalán, la máxima norma jurídica de la autonomía, que había sido refrendada por el Parlamento catalán, el Paramento español y el pueblo catalán en referéndum, pero que el Tribunal Constitucional recortó dando inicio al alza del independentismo que culminó con el referéndum de autodeterminación ilegal celebrado en 2017.

Por el otro lado, se sostiene que los partidos independentistas, Junts per Catalunya (la enésima reformulación del partido que gobernó durante décadas la región), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la CUP, utilizan a su vez el enfrentamiento constante con el Gobierno de España para arañar unos votos que les mantienen en el Ejecutivo catalán desde que se instauró la democracia, con la excepción de unos pocos años en los que los socialistas catalanes formaron parte del Ejecutivo.

En cualquier caso, los intereses electorales de unos y otros han llevado a una polarización de la ciudadanía, tanto en el interior de Cataluña como en el conjunto de España, con graves consecuencias en ocasiones para las personas, como demuestra el caso del menor de Canet de Mar.

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