Polémica en Cataluña por una ley en respuesta a la sentencia que obliga a aumentar el uso del castellano en las aulas

El Partido Socialista de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya (JuntsxCat) y En Comú Podem, que representan el 80 % del arco parlamentario catalán, se han puesto de acuerdo para sacar adelante una proposición de ley sobre el uso de las lenguas cooficiales (castellano y catalán) en las escuelas de Cataluña.

Este desacostumbrado consenso a cuatro bandas pretende dar respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo de España que dictaminó que el castellano debía ser lengua vehicular en al menos el 25 % de las horas lectivas en la región.

Según el secretario general del PSC, el ex ministro de Sanidad Salvador Illa, el proyecto de ley supone un gran paso adelante, puesto que otorga al castellano un carácter de lengua de aprendizaje, curricular, algo que no sucedía con la anterior política lingüística vigente hasta la actualidad, que data de 1998.

Sin embargo, la nueva legislación no establece el porcentaje de horas que se deberá impartir en cada lengua, como falló el Tribunal Supremo, sino que este se fijará de acuerdo a criterios pedagógicos que tengan en cuenta la realidad sociolingüística de cada centro escolar.

Por su parte, el presidente del Gobierno catalán, Pere Aragonés, ha agradecido a todos los grupos parlamentarios que han hecho posible "el consenso político que permite fortalecer el modelo de escuela catalana".

Críticas a la iniciativa

Sin embargo, la nueva normativa ha provocado críticas de diversos sectores, que denuncian que reconoce al catalán como la lengua propia de Cataluña y la que es normalmente utilizada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo, mientras que reserva para el castellano un rol de lengua curricular.

Las materias troncales, aquellas de obligado estudio, solo se pueden enseñar en una lengua vehicular, mientras que en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ratificada por el Supremo, se establece que además de la propia lengua, se debe enseñar en cada idioma al menos otra materia troncal.

Asimismo, la ley tampoco fija un número concreto de horas lectivas en cada uno de los idiomas, ya que no hace ninguna mención a cuotas o porcentajes mínimos en cada uno de ellos.

Un largo conflicto

Un niño de 5 años en el foco del conflicto lingüístico en Cataluña: ¿derecho de los alumnos o arma ideológica?

El conflicto lingüístico en Cataluña tiene un largo recorrido. Su último episodio nació tras la demanda presentada por los padres de un niño para exigir que en su colegio se cumpliera el ratio fijado por los tribunales de un mínimo del 25 % de las clases lectivas en castellano.

La disputa ha sido utilizada en el combate ideológico por partidos nacionales y catalanes. Entre los primeros, los partidos conservadores han izado el tema como muestra de la intolerancia del sector independentista catalán, mientras que estos últimos lo esgrimen como otro ataque a la lengua y cultura de Cataluña.

Desde 2005, solo 80 familias han exigido la escolarización en español en Cataluña, según el Departamento de Educación catalán, por lo que el conflicto parece que se mueve más en el ámbito político que como respuesta a una demanda social.

Además, el modelo de inmersión lingüística en catalán, promovido desde hace décadas por el Gobierno regional con el fin de preservar una lengua minoritaria en el Estado español, según argumentan, no parece afectar al nivel de castellano de los alumnos catalanes.

Así, una encuesta realizada a finales del año pasado por el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo, órgano consultivo del Departamento de Educación, refleja que los adolescentes de 16 años hablan más castellano que catalán. El estudio, que preguntó a 3.205 alumnos de 55 centros educativos, arrojó que a un 35 % de esos jóvenes les gustaría que se hablara más catalán, frente a un 16 % que desearía que se hablara menos.