La Justicia neerlandesa emitió un falló que obliga al Reino de los Países Bajos a proteger a los habitantes de sus territorios en el Caribe, de la misma forma en que lo hacen con los que se encuentran en Europa.
En ese sentido, el tribunal exigió a la nación europea a responder ante los desastres naturales y los daños causados por el cambio climático que afectan la vida de las personas en esa región.
El histórico fallo, emitido el miércoles y reseñado por medios, indica que "el gobierno neerlandés no hace lo suficiente para proteger a los habitantes de Bonaire del cambio climático y de sus consecuencias". Además, la Justicia señala que los residentes de esa isla caribeña reciben un "trato distinto a los habitantes de Países Bajos europeos, sin ningún motivo justificable".
La sentencia da respuesta a una demanda introducida por los habitantes de la isla de Bonaire, situada frente a las costas de Venezuela, junto con Greenpeace, para exigir medidas concretas contra el aumento del nivel del mar producto del cambio climático y el calentamiento global.
La Justicia también ordenó al Estado a fijar "objetivos claros y vinculantes (...) en materia de reducción de gases de efecto invernadero", en un plazo máximo de 18 meses, y le ordena "elaborar un plan de adaptación que incluya a Bonaire y que sea aplicable en 2030", para garantizar que Países Bajos cumpla con el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
La Corte también indicó que las pequeñas islas caribeñas son especialmente vulnerables al cambio climático por su ubicación, escala y dependencia económica. Por ello, la falta de protección vulnera los artículos 8 y 14 del CEDH y el Protocolo 12, al no garantizar una protección efectiva de la vida privada y familiar, y al incurrir en discriminación contra los residentes del Caribe neerlandés.
Actualmente, Países Bajos mantiene vínculos constitucionales con varios territorios caribeños, entre ellos Aruba, Bonaire y Curazao.
Bonaire es la mayor isla del Caribe neerlandés, con unos 26.000 habitantes, y su zona sur, con salinas y manglares, es baja y vulnerable a inundaciones. Además, una parte significativa de su población es pobre y dependiente económicamente del turismo, destacan reportes de la prensa.
Riesgos crecientes e incumplimientos
El fallo no solo menciona los riesgos crecientes con respecto al daño climático, sino que considera que la normativa neerlandesa no cumple con los estándares mínimos acordados en el marco de Naciones Unidas (ONU), tras el Acuerdo de París.
En esa línea, precisa que sus cálculos nacionales no incluyen todas las fuentes de emisión, como los efectos de la aviación y el transporte marítimo, y que la probabilidad de alcanzar los objetivos de 2030 de reducir el 55 % de emisión de gases contaminantes respecto a 1990, es menor al 5 %.
Según los reportes del caso, esta sentencia se suma a otra de 2019 en la que triunfó el grupo activista climático Urgenda contra el Estado neerlandés, cuando se obligó a Países Bajos a reducir sus emisiones para finales de 2020 en un 25 % respecto a 1990.
Además, en julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó, en una opinión legal sin precedentes, que los tratados climáticos establecen "obligaciones vinculantes" para "adoptar medidas" en esa materia, y "garantizar el disfrute efectivo de los derechos humanos". Lo contrario sería un "acto ilícito" que podría dar lugar a una "reparación".
Para Greenpeace, señalan los medios, este fallo "podría sentar un precedente de importancia mundial". La denuncia se fundamentó en un estudio de la Universidad Libre de Ámsterdam, en la que se afirma que el mar podría tragarse una quinta parte de la superficie de Bonaire, antes que termine este siglo.
